El consejo de presidentes estudiantiles de la Universidad de La Frontera, ubicada en la región de La Araucanía, está a la espera de que la Contraloría General de la República realice una auditoría, producto del déficit financiero de $38.000 millones que posee la institución.
A través de un petitorio, los estudiantes están solicitando que se detallen los estados financieros de la universidad, en el periodo entre 2022 y 2024, junto con que se transparenten los plazos y extensión del plan de ajuste presupuestario.
El diputado independiente por la zona e integrante de la Comisión de Educación, Stephan Schubert, señaló que hay un acuerdo con la Superintendencia de Educación, en relación con un “drástico” recorte de gastos.
“Aquí se han iniciado investigaciones, también por parte de la Contraloría General de la República, y estamos esperando los resultados de aquello, para determinar qué pasos va a seguir la comunidad”, señaló.
Por otra parte, el descontento de la comunidad universitaria se agudizó, luego de que el vicerrector de Administración y Finanzas, Sergio Salgado, anunciase que se desvincularán a más de 200 funcionarios, detallando que el próximo jueves, se les notificará.
Esta situación ha conllevado que los académicos y estudiantes realicen intervenciones para sensibilizar a la comunidad, incluida una paralización de actividades.