Trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial y el Ministerio Público, anunciaron que se encuentran movilizados por una "discriminación arbitraria" tras presuntamente quedar excluidos del reajuste de remuneraciones del sector público.
Los gremios movilizados piden que la "injusticia" se corrija "a la brevedad", señalando en un comunicado que "no sólo representa una disminución de los salarios de los operadores del sector Justicia, sino que constituye un afectación al principio de Independencia Judicial y autonomía del sistema de justicia".
En el comunicado, señalan que esto "va en contra de las recomendaciones del informe temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que indican que los operadores de justicia deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las 8exigencias y responsabilidades que conlleva".
Asimismo, esto "contraviene lo dicho por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos (Marcela Ríos) en el sentido de cuidar al Ministerio Público y, además, distorsiona la escala de sueldos del Estado y afecta a sus funcionarios y funcionarias".
Frente a este emplazamiento, el Gobierno señaló que el acuerdo "incluye a todos los trabajadores del sector público que habitualmente han formado parte de la cobertura de la ley de reajuste".