La Fiscalía solicita 10 de años de cárcel para un gendarme acusado de torturas y apremios ilegítimos contra una interna transexual de la cárcel Santiago 1, en la región Metropolitana.
Los hechos ocurrieron el 8 de junio de 2020, luego que Xiomara, quien residía en el módulo 87 para persona de diversidad sexual, le solicitara permiso para ir a comprar cigarros al acusado.
El gendarme Daniel Estrada se negó, por lo que la reclusa respondió con un insulto. Esto provocó el enojo del funcionario, quien le solicitó a un subalterno que le lanzara un envase de gas lacrimógeno a los ojos.
Tras ello Estada sacó a la interna del módulo, trasladándola a “la jaula”, celda de detención donde había reclusos de otros sectores, con quienes Xiomara había tenido rencillas. Allí, terminó brutalmente agredida, algo que logró acreditar fiscalía.
“Me empezaron a pegar patadas, combos y me tiraron al suelo. En el suelo me pegaron patadas, me tiraron el pelo y como había un termo con agua caliente que les dio el mozo antes, me tiraron agua caliente en la espalda y me pegaron con el termo en el ojo derecho”, declaró la reclusa.
El Ministerio Público asegura que Estrada tenía pleno conocimiento de que si Xiomara era trasladada hasta “la jaula”, sería agredida.
Reapertura del caso por torturas y apremios ilegítimos
El caso se presentó en tribunales, sin embargo, estos cerraron el caso sin que el Ministerio Público realizara una acusación en contra de los implicados, solo dictaminando la prohibición al gendarme de acercarse a la víctima.
Ante esto y teniendo conocimiento de los antecedentes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), solicitó la reapertura del caso mediante una querella.
Por su parte, el fiscal Marcelo Leiva presentó una acusación en contra de Estada por tortura y apremios ilegítimos por crímenes transfóbicos. además de otros tres gendarmes por lesiones menores graves.
Por lo que, el Ministerio Público solicita la pena de siete años por apremios ilegítimos y otros tres por torturas para Daniel Estrada. En cuanto a los otros imputados, arriesgan 540 días de presidio por lesiones menos graves.
El tribunal acogió el requerimiento y fijó la audiencia de preparación de juicio oral, así como la reapertura del caso para el 23 de febrero.