<![CDATA[Diversas agrupaciones vinculadas a la educación y a los derechos humanos aseguran que el plan de retorno a las clases presenciales del Gobierno "no se ajusta a los estándares de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos".
Por ello, pidieron a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet realice acciones para que el Gobierno chileno suspenda y corrija esta normativa. Denuncian que el decálogo es una "grave situación de amenaza al derecho a la vida y a la salud e integridad física y psíquica" de estudiantes, profesores y trabajadores de la educación.
Aseguran, además, que "las escuelas de las comunas con menos recursos no tienen la capacidad de generar las condiciones sanitarias necesarias para el retorno a clases presenciales. Y que todas las encuestas sobre el tema arrojan que casi el 90% de la población no está de acuerdo con el retorno a clases presenciales en 2020.]]>