El exministro de Justicia Hernán Larraín reafirmó la idea de que la figura del indulto, tal como se conoce hoy en día, debe terminar. En medio de una visita al Congreso el exsecretario de Estado planteó que debe ser la justicia quien utilice esta figura legal en casos puntuales.
En tanto, Jaime Gajardo, también exministro de justicia, manifestó que se debe tener cuidado con indultar a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, por esto entrega una pésima señal a la ciudadanía respecto a los que convictos y condenados que han cometido los crímenes más graves.
Estas declaraciones se dan en medio de las denuncias de tres exfuncionarias del Ministerio de Justicia, quienes manifestaron un giro en la política del Estado frente a condenados por violaciones a los derechos humanos, acusando la existencia de “indultos pasivos” por falta de oposición en tribunales. Desde el senado, el legislador PS Fidel Espinoza emplazó al ministro de Justicia, Fernando Rabat.
A través de un comunicado, señalaron que se habría instruido a abogados del Programa de Derechos Humanos no intervenir en audiencias donde se discuten rebajas de penas o beneficios carcelarios, lo que —afirman— dejaría sin representación a las familias de las víctimas. Esta estrategia, según las denunciantes, permitiría que condenados por delitos de lesa humanidad accedan a medidas alternativas de manera más simple, al no existir la oposición del Estado.